Actualidad tributaria

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 31 de octubre de 2019, ha declarado inconstitucionalidad el artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) por vulnerar el artículo 31.1 de la Constitución, en aquellos supuestos en los que la cuota liquidada por los Ayuntamientos en concepto de plusvalía es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente, exigiendo con ello al sujeto pasivo que cumpla con su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante la imposición de una carga excesiva o exagerada.

La AEAT ha comunicado, a través de su página web, que el 14 de enero de 2020 dejará de validarse en las aplicaciones de presentación de declaraciones tributarias de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la modalidad de colaboración social restringida, y únicamente se validará la denominada colaboración social delegada.

La colaboración social delegada permite gestionar el censo de los empleados (del colaborador social) que con sus certificados de usuario personales podrán presentar declaraciones tributarias (y consultar las previamente presentadas) en el ámbito de la colaboración social en la aplicación de los tributos. Este cambio está relacionado con el hecho de que los certificados de representante de persona jurídica se pueden utilizar ante cualquier Administración pública que los admita con capacidad de representación total, por lo que no tiene sentido mantener la colaboración social restringida en el ámbito tributario.

En esta modalidad de colaboración social delegada, el colaborador social con su certificado electrónico podrá presentar (y consultar) las declaraciones de los obligados tributarios presentadas por él mismo o por cualquiera de sus empleados autorizados como delegados.

A partir del 14 de enero de 2020 con cualquier certificado electrónico en vigor (de representante de persona jurídica o de personas física si fuera el caso) del colaborador social, se podrán realizar tanto actuaciones en nombre de terceros como actuaciones en nombre propio. Solo revocando los certificados de representante de persona jurídica restringidos en la actualidad se evitará la presentación y consulta de las declaraciones propias del colaborador social. Por lo tanto, si utiliza la Colaboración Social Restringida debe migrar antes del 14 de enero a los empleados que actualmente utilizan certificados de representante de persona jurídica al nuevo modelo de Colaboración Social Delegada para que puedan seguir realizando presentaciones en nombre de terceros sin utilizar estos certificados electrónicos, que a partir de esa fecha se podrán utilizar sin ningún tipo de restricción en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

El Consejo de Europa ha decidido suprimir a Belice de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, ya que ha aprobado las reformas necesarias para mejorar su régimen fiscal aplicable a las sociedades mercantiles internacionales.

Recordemos que la lista de la UE contribuye a los esfuerzos en curso para prevenir la elusión fiscal y promover principios de buena gobernanza, como la transparencia fiscal, la equidad tributaria o las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En la actualidad, figuran en la lista de países y territorios no cooperadores Fiyi, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

El Consejo también ha considerado que la República de Macedonia del Norte cumple todos sus compromisos en materia de cooperación tributaria tras haber ratificado el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE; y se ha suprimido a este país del anexo II de las Conclusiones, anexo en el que figuran los países y territorios que han asumido compromisos suficientes para reformar sus políticas fiscales y cuyas reformas están siendo supervisadas por el Grupo «Código de Conducta» del Consejo.

El Tribunal Constitucional ha publicado, en su web (www.tribunalconstitucional.es), la Nota informativa nº 123/2019 a través de la cual adelanta que el pleno del Tribunal Constitucional declara inconstitucional el impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano.

“El Pleno del Tribunal constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a)”.

La sentencia argumenta que, cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Además, el Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.

Según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), España ha recaudado 59.000 millones de euros menos de lo que le correspondería por tener una presión fiscal inferior a la media de la UE.

La menor recaudación se debe principalmente a los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas, seguida de las contribuciones sociales. Como consecuencia de la economía sumergida, no se han ingresado alrededor de 38.000 millones de euros anuales entre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas, según los cálculos de Gestha.

En la menor recaudación ha influido la elusión de las grandes fortunas, el déficit de la progresividad de la renta dual y de las escalas de gravamen en el IRPF y las altas bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Patrimonio y en el ISD. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, su recaudación ha sido muy inferior a lo ingresado por este impuesto en 2007, siendo la caída del 44,2%.

Gestha urge a una reforma fiscal que permita disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento. Con esta reforma se debería conseguir una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos, priorizar la reducción de la elusión y la evasión fiscal y mejorar la gestión de los fondos públicos.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha abogado por buscar el "equilibrio" entre la armonización fiscal en materia del Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio y la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, con el fin de reducir las "asimetrías no justificables" entre las regiones.

La Agencia Tributaria ultima el Plan Estratégico 2019-2022, documento con el que se pretende ofrecer una visión clara de las estrategias a seguir y medidas a tomar en el medio y largo plazo, asignando los medios técnicos y humanos según las prioridades identificadas.

En el ámbito de la asistencia, se pondrá en marcha un proyecto piloto para ofrecer un borrador de declaración de IVA, en principio a un número reducido de contribuyentes dentro del total de incluidos en el SII. Además, el próximo año arrancará una estrategia similar de cesión de datos fiscales al contribuyente durante la campaña del Impuesto sobre Sociedades 2019. En ambos casos se trata de facilitar la presentación de las declaraciones.

En materia de asistencia y prevención destaca la creación de Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI). Se trata de centros de atención con dedicación exclusiva a la atención y asistencia al contribuyente por medios electrónicos y telefónicos. La prueba piloto de este proyecto está prevista para otoño de 2020 y estará especialmente enfocada al IVA.

En el ámbito de la recaudación, se implementará la posibilidad de realizar los pagos de deudas que gestiona la Agencia mediante un sistema de transferencias instantáneas a través del teléfono móvil y extender la posibilidad del pago mediante tarjeta bancaria.

En cuanto a las grandes empresas, se apuesta por reforzar su control con el fin de anticipar la identificación de las contingencias fiscales y de esta forma avanzar hacia un modelo de control preventivo en el caso de los grupos con estándares de cumplimiento y transparencia más avanzados.

En el ámbito de Aduanas se pretende crear un sistema centralizado de control de escáneres, lo que permitirá sistematizar e intensificar la vigilancia en los distintos recintos aduaneros.

La Unión Europea ha decidido conceder al Reino Unido una tercera prórroga del Brexit hasta el 31 de enero de 2020, si bien el Reino Unido podrá abandonar la UE antes de que transcurran los tres meses si ha ratificado el Tratado de Retirada.

La formalización de la prórroga está sujeta a su aprobación por procedimiento escrito, es decir, los gobiernos de los Veintisiete tienen hasta hoy para manifestar su disconformidad.

El 10 de octubre de 2019, el Consejo ha acordado retirar a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. También ha concluido que Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza cumplen todos los compromisos en materia de cooperación fiscal.

La lista de la UE contribuye a los esfuerzos en curso para prevenir la elusión fiscal y promover principios de buena gobernanza, como la transparencia fiscal, la equidad tributaria o las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

En la lista de países y territorios no cooperadores están Belice, Fiyi, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha declarado, en Sentencia de 25 de septiembre, la nulidad del apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.

Para la Sala, esa previsión contenida en el artículo 197.bis “no es ya solo (...) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.

“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega la sentencia.

El Ministerio de Hacienda está negociando con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) prorrogar los límites actuales para tributar por el método de estimación objetiva. Por su parte, la Agencia Tributaria ya ha dado luz verde a la prórroga de los módulos.