Actualidad tributaria

El 31 de octubre está prevista la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En la fecha en que se haga efectiva la salida de Reino Unido, se convertirá en un “tercer país”.

La Agencia Tributaria ha colgado en su página web nuevos folletos informativos en relación con el Brexit para los operadores y personas afectadas, elaborados tanto por la AEAT como por la Comisión Europea.

Además, la AEAT ha enviado cartas a más de 30.000 empresas españolas que operan con el Reino Unido y no con países de fuera de la UE, para informarles sobre los efectos aduaneros, en el IVA y en los Impuestos Especiales que podrían derivarse del Brexit.

La DGT, en la consulta V2117-19, establece que las participaciones o acciones de IIC pueden originar rendimientos del capital mobiliario y que, en la medida en que dichas acciones o participaciones tengan la consideración de valores negociables, los gastos de administración y custodia (depósito) de dichas acciones o participaciones cargados al cliente por la entidad comercializadora, siempre que se ajusten a los criterios establecidos para su exigibilidad por la CNMV, serán gastos fiscalmente deducibles del rendimiento del capital mobiliario en el IRPF.

Además, en la contestación a la consulta, la DGT recuerda que en el concepto de gastos de administración y custodia (o depósito) de valores negociables únicamente tiene cabida aquellos gastos o comisiones de naturaleza directa exigidos por las entidades por las funciones desarrolladas y conexas con las del depósito mercantil, y que el comercializador de IIC extranjeras solo podrá cobrar comisión de custodia si efectivamente presta este servicio, es decir, cuando la entidad comercializadora lleve el registro individualizado de las participaciones de las IIC, lo que sucederá cuando la distribución del fondo de inversión se realice a través de cuentas ómnibus.

Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la AEAT podría estar vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos debido a la desaparición de los despachos individuales.

El establecimiento de espacios de trabajo diáfanos y compartidos (“praderas”) implica que no se pueda garantizar la confidencialidad y la discreción en las actuaciones tributarias, aduaneras y de contabilidad y auditoría pública.

La supresión de los despachos individuales no solo repercute en el rendimiento y la productividad, sino también en la lucha contra el fraude fiscal, en la investigación de los presuntos delitos fiscales, blanqueo o contrabando o en peritajes y auxilio judicial en procesos penales, entre otros.

La Sentencia 318/2019, de 28 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establece que no se puede negar la deducibilidad de los gastos de manutención y desplazamientos sobre los que se aportan tiques, siempre que se trate de gastos necesarios en los desplazamientos realizados para el desarrollo de la actividad económica.

El reclamante presentó tiques que reflejan que los gastos de manutención y desplazamientos eran necesarios en el desarrollo de su actividad.

Según el Tribunal, los gastos de manutención y desplazamientos urbanos e interurbanos (taxis, metro, autobús, etc.) son gastos imputables y en este caso deben considerarse justificados, además de imprescindibles para el desarrollo de la actividad. Están reflejados en el libro registro contable del contribuyente y sus fechas concuerdan con los períodos de las liquidaciones que se realizan por el reclamante a sus clientes.

Se ha iniciado el plazo para el segundo pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades y del IRNR con establecimiento permanente, y la Agencia tributaria recuerda, a través de su página web, las novedades que hay que tener en cuenta para su elaboración. Los cambios afectan principalmente a las sucursales de la ZEC de entidades con residencia fiscal en España que formen parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de consolidación fiscal, ya que cada una de estas entidades debe presentar el pago a cuenta en el Modelo 202 correspondiente. Por su parte, la entidad dominante presentará el Modelo 222 por la parte de la base imponible que no tributa al tipo especial y respecto de la que va a aplicar régimen especial de consolidación fiscal.

Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la LIS, también se modifica el cálculo de los pagos fraccionados para las entidades navieras en régimen especial en función del tonelaje, ya que se excluye del pago fraccionado mínimo a estas entidades.

El próximo 10 de noviembre se celebrarán elecciones generales en España. Según la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, los Presupuestos Generales del Estado de 2020 se podrían aprobar en febrero o marzo.

Los coordinadores de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara han acordado la creación de una subcomisión permanente sobre delitos fiscales y financieros. Esta propuesta debe ser aprobada por la Conferencia de Presidentes, quien establecerá el mandato de la subcomisión.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, considera que el sector financiero debe pagar más impuestos por sus beneficios y, en consecuencia, se subirá el tipo mínimo efectivo de estas entidades en el Impuesto sobre Sociedades.

Según un informe de la Comisión Europea, España dejó de ingresar 1.806 millones de euros por fraude en el IVA en 2017. Esta pérdida de ingresos es menor a la de 2016, año que se dejó de recaudar 2.024 millones de euros.

En la Unión Europea, se dejó de ingresar 137.500 millones de euros en 2017 por fraude en el IVA, 8.000 millones menos que en 2016.

Según la Comisión Europea, si bien se ha reducido la cifra defraudada, sigue siendo muy elevada por lo que es necesario realizar una reforma global de las normas de IVA comunitarias y una mayor cooperación entre los Estados miembros para combatir el fraude fiscal.

El 1 de octubre se inicia el plazo para presentar el modelo 540 del Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas domiciliadas en Cataluña, y finaliza el 30 de noviembre de 2019. Para el próximo ejercicio el plazo de presentación será entre el 1 y el 30 del mes de junio siguiente a la fecha de devengo, siendo esta el 1 de enero de cada año.

En este año, se deberá liquidar la cuota correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, por parte de todas las compañías domiciliadas en Cataluña que tengan activos no productivos.

Constituye el hecho imponible de este impuesto la tenencia del sujeto pasivo, a 1 de enero de cada año, de los activos siguientes, siempre que no sean productivos y estén situados en Cataluña: bienes inmuebles, vehículos a motor con una potencia igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de ocio, aeronaves, objetos de arte y antigüedades con un valor superior al establecido por la Ley del patrimonio histórico y joyas.

Los sujetos pasivos son, a título de contribuyentes, las personas jurídicas y las entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios para la normativa tributaria general. En todos los casos el sujeto pasivo debe tener objeto mercantil.

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno no renunciará a aprobar un impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', en caso de que no se alcance un acuerdo sobre su establecimiento a nivel internacional en la OCDE.

La AEAT ha publicado, en su página web, la "Estadística de los declarantes del Impuesto sobre Patrimonio" basada en las declaraciones de dicho impuesto correspondiente al ejercicio 2017. Esta publicación recoge información detallada de las partidas contenidas en el modelo de declaración 714 (Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio).

La estadística muestra la estructura del patrimonio de las personas físicas obligadas a declarar, distinguiendo seis tipos de bienes y derechos susceptibles de valoración económica: bienes inmuebles, bienes afectos a actividad económica, bienes de capital mobiliario, seguros y rentas, bienes suntuarios y otros bienes y derechos de contenido económico. A su vez existe un siguiente nivel con un total de 18 desagregaciones de las categorías de bienes citadas.

Según los datos de la estadística, los contribuyentes de este impuesto alcanzaron los 202.437 en 2017 frente a los 197.768 de 2016, incremento que se debe a la evolución de la economía española.

En cuanto a las propiedades y rentas declaradas, el 67,87% (137.394 contribuyentes) declara patrimonios entre 300.000 y 1,5 millones de euros, el 26,30% (53.245 contribuyentes) declaran entre 1,5 y 6 millones de euros, el 3,20% (6.481 contribuyentes) entre 6 y 30 millones de euros; y el 0,30% (611 contribuyentes) declararon patrimonios de más de 30.050.000 euros.

En la distribución de los datos por comunidades autónomas, la mayor parte de los 202.437 declarantes del Impuesto de Patrimonio se concentran en Cataluña (75.801 declarantes), la Comunidad Valenciana (22.516 declarantes), Andalucía (18.482 declarantes) y Madrid (18.132 declarantes).

Por el contrario, las comunidades autónomas con menos declarantes son Extremadura (1.218 declarantes), La Rioja (2.311 contribuyentes) y Cantabria (3.095 declarantes).

Como consecuencia del envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas de IRPF, la AEAT ha conseguido un incremento de más de 122.000 declarantes de rendimientos de capital inmobiliario, con una mayor base imponible declarada de 1.346 millones de euros, lo que ha contribuido al aumento del 57% de los rendimientos inmobiliarios.

Para la lucha contra los alquileres irregulares, la AEAT cruza la información suministrada por bancos, empresas de suministros de agua o luz, Administraciones tributarias autonómicas, organismos públicos donde se depositan las fianzas de los alquileres y de los anuncios por Internet para saber si el inmueble ha sido o va a ser alquilado.

Además, para el control de los alquileres vacacionales, la AEAT obtiene información a través del Modelo 179, declaración que deben presentar las personas y empresas intermediarias de alquileres vacaciones y en la que informan sobre los titulares de la vivienda objeto del alquiler, referencia catastral de la misma, número de días que se ha alquilado e importe percibido.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado la posibilidad de actualizar el valor de adquisición de una casa conforme al IPC, lo que podría generar una pérdida patrimonial y, en consecuencia, no existiría obligación de abonar la plusvalía municipal, de acuerdo con lo establecido el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara que “dado que la base imponible está constituida por el incremento real del valor del terreno, no por el precio, entre dos momentos temporales diferentes, el inicial y el final, se ha de exigir por pura lógica tener en cuenta las fluctuaciones del nivel general de los precios, para corregir los valores puramente nominales o monetarios, por lo que aplicando en este caso dichas correcciones monetarias resultantes de la aplicación del IPC, determinan que la erosión monetaria es de tal entidad que no se estarían gravando un incremento real del valor, sino solo un incremento del precio o un incremento nominal o ficticio”.

Según el Tribunal, debe atenderse a los valores de adquisición y de transmisión reales y no solo a los nominales (escriturados) para poder comparar el valor real de la vivienda cuando se compró y cuando se vendió.

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que suprima la obligación que impone a los contribuyentes no residentes de nombrar en determinados casos un representante fiscal.

Según la Comisión, la obligación de nombrar un representante fiscal con domicilio en España para determinados casos implica costes adicionales y obstáculos para los contribuyentes no residentes, lo que puede disuadirlos de realizar actividades o inversiones en España. Además, el hecho de que el representante deba residir en España obstaculiza la libre prestación de servicios de personas y empresas establecidas en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo.

El Tribunal Supremo, en Sentencia del 5 de julio de 2019, ha declarado nulo el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y en particular las dos disposiciones transitorias que introduce en cuanto a la baja extraordinaria en el registro de devolución mensual y renuncia extraordinaria a la aplicación del régimen especial del grupo de entidades durante el año 2017 y en cuanto a la opción por llevar los libros registros a través de la Sede electrónica de la AEAT (SII) por los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado para el año 2017.

El motivo de la anulación es la omisión de dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado en el procedimiento de elaboración de una disposición general, lo que supone un vicio sustancial que aboca a la nulidad de pleno derecho de la disposición.