Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se han comprometido a llegar a un acuerdo sobre la fiscalidad de empresas digitales para mediados de 2021.
En la declaración conjunta emitida al término de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, los países miembros del organismo han explicado que sus "prioridades" son reactivar las economías, apoyar los empleos, promover el desarrollo de energías limpias e incentivar las infraestructuras de calidad y sostenibles.
La Decisión (UE) 2020/1573 de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, prorroga la franquicia de derechos de importación y la exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 hasta el 30 de abril de 2021.
Es previsible que se prorrogue también la aplicación del tipo cero de IVA para las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinado material sanitario, cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, regulada inicialmente por el Real Decreto-Ley 15/2020 y prorrogada por el Real Decreto-Ley 28/2020 hasta el 31 de octubre de 2020.
Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea incluir la bajada del IVA de las mascarillas para su venta al público en una directiva que se está tramitando, en la que se reducirá el precio de las PCR.
En la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha avanzado que se van a establecer "requisitos adicionales" para disfrutar de los beneficios fiscales de las SICAV como "exigir a los accionistas una participación mínima de 2.500 euros", y que se concederá a la Agencia Tributaria la competencia para comprobar que se cumple este requisito. Esta medida no se incluirá en los PGE de 2021 sino en otras leyes, al igual que el establecimiento de un gravamen del 15% sobre el beneficio no distribuido de las SOCIMI.
Además, Inés Bardón ha anunciado que se va a crear un "comité de expertos" para que estudie una "profunda reforma del sistema fiscal" cuando finalice la crisis del coronavirus Covid-19.
El Consejo de Ministros del 27 de octubre ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que ha remitido a las Cortes Generales.
Los PGE de 2021 contemplan una mejora de los ingresos públicos del 14,7%. La principal causa de esta evolución es la mejora de los ingresos tributarios un 13% por el ciclo económico con una previsión de crecimiento del PIB que alcanzará el 9,8% con el impulso de los fondos europeos. También influyen algunas medidas fiscales.
En este sentido, el Gobierno defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo en el que cada uno aporte según su capacidad y reciba según su necesidad.
Las cuentas públicas de 2021 prevén un impacto por ajustes fiscales que se distribuyen de dos formas: aquellas modificaciones que se recogen en el Proyecto de Presupuestos y aquellas figuras de nueva creación que se tramitan en otras leyes.
Entre las modificaciones que se realizan en los Presupuestos se encuentran ajustes para que las rentas más altas y las multinacionales aumenten su contribución, siguiendo las recomendaciones realizadas recientemente por el FMI o la OCDE.
En IRPF, se recoge un aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y un incremento de tres puntos a las rentas del capital a partir de los 200.000 euros. También se revisa el límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones, que se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros. Por otra parte, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos.
Las cuentas públicas también contemplan que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año. Además, se incrementa un punto el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5% al 3,5%.
En relación al Impuesto sobre Sociedades, se reduce la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior. Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años. Con esta medida se pretende acercar el tipo efectivo del impuesto al tipo nominal, sobre todo de las grandes empresas.
En la tributación del IVA, se incrementa el gravamen del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas con el objetivo de fomentar hábitos más saludables de la población. El incremento del gravamen solo afecta a la venta de estos productos en supermercados, pero la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10% para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual.
También se revisa el Impuesto sobre Primas de Seguros. El gravamen se incrementa del 6% al 8%.
Por otro lado, la fiscalidad verde va a tener un mayor peso en nuestro sistema tributario, tal y como recomienda la Comisión Europea o la OCDE.
En el Impuesto sobre Hidrocarburos, se acerca la tributación del diésel a la gasolina. En concreto, el tipo estatal general del gasóleo pasará de 30,7 a 34,5 céntimos por litro. En cualquier caso, se mantiene la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.
En relación a las medidas fiscales al margen de los PGE, se encuadra el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Esta figura tiene como objetivo reducir el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado para reducir así su consumo, de forma que se prevenga la generación de residuos plásticos.
En la misma línea se enmarca el impuesto estatal sobre residuos, que penaliza las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración.
Por otro lado, habrá otras dos nuevas figuras tributarias: el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Además, hay que sumar el impacto de las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y la elusión que se está tramitando en el Congreso. Durante la tramitación de la ley antifraude el Gobierno tiene intención de incluir medidas para reforzar el control de las SICAV, otorgando a la Inspección de la Agencia Tributaria la competencia para comprobar que estos instrumentos cumplen con los requisitos para constituirse en vehículos de inversión colectiva y no en una herramienta de planificación fiscal de grandes patrimonios familiares, y se impondrá en las Socimis un gravamen del 15% a sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que el Gobierno está dispuesto a negociar la supresión del impuesto al diésel si con ello se puede llegar a un acuerdo para aprobar los PGE para 2021.
La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de octubre de 2020, ha establecido el criterio interpretativo de que “para aplicar la exención en el IRPF por reinversión en vivienda habitual no resulta preciso emplear en su totalidad el dinero obtenido de la venta de la anterior vivienda siendo suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble”.
La Sala comparte el criterio de la recurrente de que “por reinversión debe entenderse un acto negocial jurídico económico, dándose la realidad del mismo y cumpliéndose con los períodos establecidos por ley y siempre con independencia de los pagos monetarios del crédito/préstamos/deuda hipotecaria asumida en la nueva adquisición”.
La Sala considera que la sentencia recurrida hace una interpretación restrictiva de la deducción por vivienda habitual que no se acomoda a los límites estrictos de la misma y a las condiciones establecidas normativamente para su disfrute.
La AEAT informa a través de su página web que el sábado 24 de octubre se interrumpirá el servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las 18:00 y las 19:00 horas por la realización de operaciones de mantenimiento. Además, debido al cambio de horario de verano a invierno, el domingo 25 de octubre se interrumpirán también todos los servicios de la Sede electrónica entre las 02:40 horas (horario de verano) y las 04:00 horas (horario de invierno).
El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2021 en cumplimiento de las normas comunitarias.
El Plan Presupuestario parte de una situación de emergencia sanitaria y detalla el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno este año para luchar contra la emergencia sanitaria y paliar los efectos económicos, laborales y sociales de la crisis.
El Gobierno de España ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, como también han adoptado otros países europeos. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que serán sustituidos por unas tasas de referencia.
El documento recoge que el déficit en 2021 se situará en el 7,7% del PIB, lo que supone una caída de 3,6 puntos respecto al dato de 2020. Esta reducción se produce en gran medida por la recuperación de los ingresos gracias a la mejor evolución del ciclo económico –con la estimación de un fuerte repunte del PIB- y a las medidas tributarias relacionadas con una fiscalidad más justa y progresiva, adaptada a las nuevas áreas de negocio y a los impuestos medioambientales.
El Plan Presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. Este descenso en la ratio es consecuencia del mayor aumento del PIB, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Este aumento de los ingresos públicos se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.
El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.
Por ejemplo, en 2021 se aplicarán el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Además, se impulsará la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se creará el Impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso. El documento también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%.
En cuanto a las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional y combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha confirmado que el Gobierno está estudiando quitar de la lista de productos gravados con tipos reducido y superreducido de IVA a aquellos bienes en los que ese beneficio fiscal no cumple con el propósito para el que fue concebido, es decir, no fomentan el consumo de productos de primera necesidad sobre todo por parte de quienes tienen menos renta. Con esta medida se verían afectados la restauración, los paquetes turísticos, la hostelería, los libros y la jardinería, entre otros.
La portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, ha confirmado que el borrador de los PGE "prácticamente está ya", y que el Gobierno tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos durante el mes de octubre para que entren en vigor en el mes de enero.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el cual contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.
Con la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal se van a combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, asociados a las nuevas tecnologías. Además, permitirá perseguir los comportamientos inadecuados de grandes empresas multinacionales y evitar la planificación fiscal abusiva.
Este proyecto de Ley modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares.
A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Otra medida que se contempla es la prohibición por ley de amnistías fiscales. Se considera pertinente reconocer de forma expresa la prohibición de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria.
Este proyecto de Ley disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado de deudores con la Hacienda Pública. Asimismo, se incluye expresamente en la lista, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios.
Otra medida que se incluye es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente.
El concepto de paraíso fiscal se amplía atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Así, se incluirán en la lista de paraísos, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia, o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora solo se incluía el concepto de nula tributación).
Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales, establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes.
Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, que deberá ser revisada periódicamente.
También se establece la prohibición del software de doble uso con el fin de no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión. Para ello, los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se deberán ajustar a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.
Por otro lado, se ajustará la Ley 7/2012 para tener un mayor control sobre las criptomonedas, incorporando la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.
Dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por ITP y AJD, IP e ISD, se lleva cabo una reforma para dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo. Así, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva. Al ser el valor de referencia es distinto del valor catastral, esta norma no afecta a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Este proyecto de Ley también contempla la transposición de la Directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal. La directiva incorpora varias de las materias tratadas en los informes de la OCDE del Plan de acción para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan BEPS).
En este proyecto de Ley se incorporan a la legislación española, los ámbitos de la directiva concernientes a la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y a la imposición de salida o "Exit Tax", para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización, y para asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.
Por otra parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.
Asimismo, este proyecto de Ley incluye medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude en esta actividad. Se habilitan mecanismos para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.
El conjunto de todas estas medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal podría tener un impacto de 828 millones de euros en las arcas públicas el próximo año.
El Consejo de Ministros ha acordado remitir al Parlamento Canario la modificación de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, incluida en el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobado hoy.
Se trata de dos medidas relativas al IGIC. En primer lugar, se incorporan las modificaciones incluidas en el IVA, en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras.
Por otra parte, se tipifica como infracción tributaria el retraso o incumplimiento de la obligación de la llevanza de los libros registros del referido Impuesto a través de la sede electrónica Agencia Tributaria Canaria, mediante el suministro de los registros de facturación, y se establece la sanción tributaria correspondiente.