Legislación fiscal

En materia fiscal, se mantienen las cuantías de las tasas correspondientes al año 2023. Además, se modifica la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

En IRPF, se modifica la escala de gravamen.

En relación con el ITP y AJD, se realizan unas precisiones interpretativas en los artículos relativos a la cuota variable de la modalidad de AJD; en concreto, en las adquisiciones de viviendas de valor inferior o igual a 270.151,20 euros, y de viviendas de valor igual o superior a 1.000.000 de euros. Con estos retoques, que consisten en excluir expresamente la tributación de las primeras copias de escrituras y actas notariales que formalizan derechos reales de garantía de estos tipos específicos de gravamen, se deja claro que estos documentos notariales tributan al tipo general. Además, se permite la aplicación del tipo reducido de gravamen a los sujetos pasivos que eventualmente puedan ser cotitulares de derechos de propiedad plena o de uso y disfrute sobre otra vivienda en porcentajes inferiores al 50 %; modificación que también se incluye en la aplicación del tipo de gravamen reducido del 4 % en la modalidad correspondiente a TPO.

Respecto a los impuestos propios, se suprime la posibilidad de destinar los recursos integrantes del fondo para favorecer el turismo sostenible a financiar políticas de empleo y políticas de vivienda, las cuales deben financiarse, pues, con otros ingresos distintos en todo caso de los que provienen de la recaudación del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears.

En IRPF, entre otras medidas, destaca la modificación de la escala de gravamen general y los incrementos de las deducciones por mínimos personales y familiares.

En el ámbito de las reducciones del rendimiento neto del capital inmobiliario, se eleva del 60 al 70 % el porcentaje de reducción del rendimiento neto del capital inmobiliario cuando proceda del arrendamiento de viviendas intermediado a través de NASUVINSA, y se pospone la aplicación de la reducción del 40 % hasta el periodo impositivo en que se pueda determinar el índice de sostenibilidad de alquileres.

En relación a las reducciones por aportaciones a seguros colectivos de vida que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, se establece un límite específico de 4.250 euros cuando la entidad realice contribuciones empresariales solo para sus socios trabajadores a través del seguro colectivo. En el caso de que las contribuciones se realicen solo para parte de los trabajadores, el límite coincidirá con el establecido para los trabajadores autónomos.

En el ámbito de las deducciones de la cuota diferencial, se mejoran las deducciones por arrendamiento para acceso a vivienda y por arrendamiento para emancipación.

Por último, se establece la exención de las rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas en el marco de la Ley Concursal, siempre que las deudas no procedan del ejercicio de actividades económicas.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la modificación más importante tiene por objeto completar la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Así, se modifica la forma de determinación del beneficio operativo sobre el que ha de aplicarse el límite que determina la deducibilidad de los gastos financieros.

Por otro lado, se declaran exentas las ayudas a los eco-regímenes que forman parte del pago de la PAC.

Además, se condiciona la aplicación de la deducción por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio a que la entidad patrocinada presente el modelo informativo en el que consten las cantidades recibidas en virtud del contrato de patrocinio.

En el ITP y AJD se aclara que el tipo impositivo reducido en la transmisión de vivienda habitual ubicada en municipios en riesgo de despoblación procederá solo si se adquiere el pleno dominio de la vivienda.

Por otro lado, el sujeto pasivo será la persona o entidad prestamista en los supuestos de modificación de préstamos con garantía hipotecaria.

Finalmente, se exonera del impuesto el contrato de aval suscrito con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E.

En la Ley Foral General Tributaria se tipifica un nuevo supuesto de infracción grave con una sanción mínima de 20.000 euros, en los casos en los que el obligado tributario que desarrolle una actividad económica niegue o impida indebidamente a los funcionarios de la Administración tributaria, la entrada o permanencia en fincas o locales o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias.

Se establece un nuevo deber de colaboración en virtud del cual las distintas entidades deberán proporcionar a la Administración tributaria la información sobre los titulares de acciones o participaciones de las distintas figuras societarias mediante su incorporación a determinadas declaraciones tributarias.

Se aclara la regulación del procedimiento de comprobación abreviada.

Se incluye la revocación de actos tributarios y de imposición de sanciones entre los procedimientos especiales de revisión de actos por los que el obligado tributario podrá solicitar la devolución de ingresos indebidos, cuando el acto en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza.

Se regula el silencio negativo en los procedimientos de solicitud de alta en el registro de extractores de depósitos fiscales y en el registro de emprendedores, así como en los procedimientos de rehabilitación del número de identificación fiscal.

Además, se mantienen las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria establecidas en 2022 y en 2023.

En la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra se actualizan los coeficientes máximos a aplicar para determinar la base imponible del IIVTNU.

Por último, destaca la modificación del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos; del Texto Refundido de las disposiciones del régimen tributario especial de las fundaciones y otras entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y de la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.

  • Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, por el que se desarrollan las normas y los procedimientos de diligencia debida en el ámbito del intercambio automático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas, y se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias (BOE, 31-1-2024).

Esta norma tiene por objeto la regulación de las normas y procedimientos de diligencia debida que deben aplicar los «operadores de plataforma obligados a comunicar información» sobre determinadas informaciones relativas a los «vendedores». Asimismo, las personas o entidades que tengan la consideración de «vendedores» deberán cumplir las obligaciones derivadas de la aplicación por el operador de las normas y procedimientos de diligencia debida. Así, se establece una nueva obligación de información, en virtud de la cual los «operadores de plataforma obligados a comunicar información» deberán declarar a la Administración tributaria determinada información relativa a la actividad desarrollada a través de la plataforma que operan en el mes de enero.

Se establece en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT) como nuevo dato a comunicar en el Censo de Obligados Tributarios la titularidad real de las personas jurídicas y entidades. Dicho dato también se exigirá en la rehabilitación del NIF.

Asimismo, se modifica el régimen jurídico de la obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, derivada de la DAC 6, con el objeto de posibilitar que la Administración tributaria española pueda disponer de la información necesaria para proceder al intercambio con las jurisdicciones firmantes de los mecanismos que eluden el Estándar común de comunicación de información y estructuras extraterritoriales opacas regulado por dicho acuerdo. También se elimina la obligación del intermediario eximido de la obligación de información por el deber de secreto profesional de comunicar su exención al resto de intermediarios u obligados tributarios interesados que no sean sus clientes, y se excluye el dato relativo a la identidad de los intermediarios eximidos de la obligación de información por el deber de secreto profesional y se incluye dentro del resumen del mecanismo transfronterizo, el deber de declarar cualquier información que pueda ayudar a la Administración tributaria a evaluar el riesgo fiscal del mecanismo.

En otro orden de cosas, se introducen una serie de cambios en el RGAT derivados de la autorización legal a la comprobación de la contabilidad en el seno del procedimiento de comprobación limitada.

Asimismo, se modifican los reglamentos específicos de desarrollo de las leyes reguladoras del IVA, del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, de los Impuestos Especiales y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, para implantar la nueva figura de la autoliquidación rectificativa en estos tributos, y que sustituirá el actual sistema dual de autoliquidación complementaria y solicitud de rectificación de autoliquidaciones en dichos tributos. No obstante, el tradicional procedimiento de solicitud de rectificación de autoliquidaciones se podrá utilizar cuando el motivo de la rectificación alegado sea la eventual vulneración por la norma aplicada en la autoliquidación previa de los preceptos de otra norma de rango superior.

Como consecuencia de la atribución íntegra de competencias a los órganos de recaudación en materia de declaración de la responsabilidad, se modifican las posibles actuaciones durante el procedimiento inspección en caso de concurrencia de supuestos de responsabilidad tributaria, así como determinadas remisiones reglamentarias, dentro del Reglamento General de Recaudación.

Además, se incluye a las entidades de pago y de dinero electrónico como posibles entidades prestadoras del servicio de caja y colaboradoras en la recaudación.

En el ámbito de la gestión recaudatoria, en relación con los ingresos realizados a través de entidades colaboradoras, se modifica el sistema de validación de los ingresos para adaptarlo a las nuevas tecnologías, y se establece que el lunes de Pascua tenga la consideración de día inhábil a estos efectos.

Se clarifica el cálculo del importe de la garantía en el caso de los fraccionamientos solicitados en periodo ejecutivo para que incluya los recargos del periodo ejecutivo que se hubieran devengado.

En la compensación de oficio de deudas de entidades públicas, se suprime la notificación del inicio del procedimiento.

Se introducen algunos cambios en el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados mediante subasta, y se reestructuran los apartados de algunos artículos, como los relativos a la adjudicación y pago y al levantamiento del embargo.

  • Orden HAC/56/2024, de 25 de enero, por la que se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los modelos de autoliquidación 123, 210, 216, y de declaración informativa 193 y 296 y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE, 31-1-2024).

Se modifican las declaraciones informativas y autoliquidaciones relativas a los dividendos y retenciones, al objeto de obtener a través del suministro periódico de información de las declaraciones informativas y a través de las autoliquidaciones correspondientes, la información necesaria para poder realizar una comprobación, asistencia y control adecuado de las solicitudes de devolución de retenciones sobre dividendos a cuenta el IRNR.

En cuanto a las «Normas tributarias», en el IRPF se fusionan las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda para contribuyentes con discapacidad, se mejoran las deducciones por arrendamiento de vivienda para los jóvenes de hasta 35 años, por adquisición o rehabilitación de vivienda protegida y de vivienda habitual en concejos rurales en riesgo de despoblación para que resulte de aplicación en los ejercicios en que se incurra en el gasto, y se suprime la deducción por donación de fincas rústicas a favor del Principado de Asturias. Igualmente, se incrementa la deducción por el cuidado de descendientes a partir del segundo y se extiende la deducción de familias numerosas a familias con dos descendientes. Se mejora la deducción para contribuyentes que se instalen en el Principado de Asturias por motivos laborales, ya que se generalizará a todos los contribuyentes. También se crea una deducción con el fin de neutralizar el impacto en la cuota de las ayudas para enfermos de ELA.

En ITP y AJD, se implanta la política de impuestos cero al suelo rural bonificando al 100 % este tipo de transmisión con el fin de fomentar la continuidad y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Con el mismo fin, se crea una nueva deducción para la transmisión de maquinaria agraria.

Por último, se desfiscalizan las transmisiones y actos jurídicos relacionados con la construcción de vivienda protegida. Por último, se rebaja el tipo aplicable a la adquisición de vivienda habitual en concejos en riesgo de despoblación, el nuevo tipo impositivo será del 4 % para los inmuebles de hasta 150 000 euros, manteniéndose en el 6 % para el resto de supuestos. Estos tipos de interés bonificados resultarán igualmente aplicables a las adquisiciones de vivienda habitual por parte de jóvenes de hasta 35 años, familias numerosas y mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de la ubicación del inmueble adquirido. 20.

En el ISD se mejora la fiscalidad de las donaciones en línea directa con el fin de favorecer la transmisión en vida y favorecer a las clases medias y trabajadoras. Con tal fin se modifica la tarifa.

Por último, destaca la modificación del Texto Refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, con el fin de prorrogar para todo el ejercicio 2024 la bonificación del 100 % que se aplica a las tasas que inciden de manera directa sobre los sectores que se han visto especialmente afectados por el incremento de precios de los productos energéticos.

Se recoge para el año 2024 el mantenimiento de la cuantía de las tasas exigibles en el año 2023 y el recargo sobre actividades económicas, que se mantiene en el 12%.

En materia de IRPF, se modifica la escala autonómica. Adicionalmente, se declara la incompatibilidad de las deducciones autonómica y estatal por adquisición de vehículo eléctrico en supuestos coincidentes. Asimismo, se incorpora una deducción como medida de apoyo a los enfermos de ELA.

Los tributos sobre el juego ven actualizadas las tarifas de las máquinas multipuesto, destinadas exclusivamente para los establecimientos de juego.

En cuanto a los tributos propios, se efectúan cambios en el canon de saneamiento y depuración, y en algunas de las tasas. En relación con el canon de saneamiento, se delimitan las finalidades a las que queda afectada la recaudación, se simplifica el sistema de cálculo de la conductividad del agua, y se agiliza la gestión de las devoluciones de ingresos indebidos derivados de fugas.

Se producen ajustes puntuales en la terminología y ordenación de las tarifas de algunas tasas relacionadas con el sector agrario y con el medioambiente. Y se establece la exención temporal durante 2024 para las tarifas de dos tasas que afectan de modo singular a la actividad agrícola y ganadera, como modo parcial de ayudar al sector primario tras los reveses sucesivos producidos en el ámbito internacional y la climatología adversa de los últimos meses.

En relación a los tributos propios, se introduce en el Canon de agua residual una exención total del consumo realizado en su vivienda habitual por los habitantes censados en municipios afectados por riesgo de despoblamiento. En cuanto a las tasas, se modifica la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.

En cuanto a los tributos cedidos, en el IRPF se rebaja la escala autonómica aplicable sobre la base liquidable general para todos los contribuyentes. Asimismo, se crean varias deducciones: la deducción por nacimiento o adopción, que se extenderá el año del nacimiento o la adopción y los dos años siguientes, con una cuantía de 1.400 euros; la deducción por gastos de educación, que incluye tanto los gastos de libros de texto durante la enseñanza obligatoria como los gastos de la enseñanza de idiomas y, por último, la deducción de ayuda doméstica, que permite deducirse las cantidades satisfechas a la Seguridad Social por la cotización anual de un empleado del hogar a las familias con hijos y a las personas mayores de 75 años. Por otro lado, se eliminan los límites de renta en las deducciones por gastos de guardería, por alquiler de vivienda y en municipios en riesgo de despoblamiento.

En el ITP y AJD se reducen los tipos vigentes. Se verán beneficiados de esta reducción de tipos especialmente los ciudadanos de Cantabria que adquieren una vivienda habitual y, en particular, los jóvenes, sobre todo los comprendidos entre 30 y 36 años, las personas que viven en municipios en riesgo de despoblamiento, las familias numerosas y las personas con discapacidad. Se reduce el tipo general de transmisiones patrimoniales en el caso de bienes inmuebles al 9 %, y el de bienes muebles al 6 %. En la adquisición de la vivienda habitual se establece un tipo del 7 % hasta un valor de 200.000 euros, y un 4 % en la adquisición de vivienda habitual para determinados colectivos. En AJD, la rebaja es del 1,5 al 1 % en el caso de adquisición de vivienda habitual, si bien se incide en determinados colectivos y en la compra de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblamiento, aplicándose el tipo reducido del 0,1 %.

En el ISD se establece una nueva bonificación de la cuota por la adquisición de bienes y derechos por sucesión mortis causa cuando los beneficiarios tengan parentesco por consanguinidad dentro del segundo grado, esto es, sean colaterales (hermanos) del causante o transmitente.

Finalmente, en el Impuesto sobre el Patrimonio se establece una bonificación autonómica del 100 % de la cuota resultante una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado. No obstante, se establece que seguirán tributando en la Comunidad Autónoma de Cantabria los grandes patrimonios, mientras siga vigente el Impuesto Estatal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.